Cuando el precio al productor de la fruta baja por cualquier situación excepcional (como ocurrió con la crisis del pepino hace unos meses) o por haber tenido una cosecha especialmente abundante, se procede a la destrucción de los excedentes para que el precio vuelva a subir. La forma más habitual de hacerlo es picar la fruta, mezclarla con otros deshechos y fabricar compost. Esta práctica no parece la más ética en el momento actual, con la situación de crisis tan grave que están sufriendo muchas familias. Además, la Unión Europea, como institución, lleva meses haciendo llamamientos para que se deje de despilfarrar la inmensa cantidad de alimentos que van a parar a la basura en la Europa de los 27.
Con esta filosofía, el Gobierno de Aragón ha anunciado que articulará métodos de retirada de excedentes frutícolas alternativos al compostaje, como la producción de zumos destinados a beneficencia a través de bancos de alimentos. Con ello, se obtendría un doble beneficio: se otorgaría un destino más digno a los alimentos excedentarios y, también, se atenuarían las pérdidas del sector frutícola, ya que por cada kilo de fruta excedentaria que se destine a la producción de zumo el productor recibiría 26 céntimos, frente a los 11 que se recibieron este año por la fruta destinada a fabricar compost. Todos saldríamos ganando.
El origen de esta decisión del Ejecutivo aragonés, anunciada en la localidad oscense de Fraga por el director general de Producción Agraria del Departamento de Agricultura del Gobierno de Aragón, Jesús Nogués, fue una petición de los agricultores de esa zona frutícola a la alcaldía de la localidad. Así, el pasado mes de noviembre, el Ayuntamiento fragatino aprobó en sesión plenaria y de modo unánime una moción institucional en la que se instaba a la Administración del Estado a habilitar este procedimiento de retirada. El texto de dicha moción se trasladó a la Dirección General de Producción Agraria del Departamento de Agricultura del Gobierno de Aragón, a la Subdirección General de Regulación de Mercados del Gobierno de España y al Fondo Español de Garantía Agraria.
Si la propuesta sale adelante estaremos ante una situación completamente nueva en la Unión Europea, que lleva muchos años destruyendo excedentes alimentarios en lugar de aprovecharlos fuera de los cauces de comercialización normal, como es el caso de los bancos de alimentos. Una gran noticia si se confirma, sin duda.
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