El Ayuntamiento de Zaragoza ha emitido ya 4.035 informes de vulnerabilidad dentro del proceso extraordinario de regularización de personas migrantes iniciado a finales de abril. Estos documentos forman parte de los requisitos que algunos solicitantes deben aportar para avanzar en su expediente, aunque no todos los casos necesitan esta vía, ya que existen otras fórmulas vinculadas al empleo, al arraigo familiar o a entidades sociales acreditadas.
La cifra refleja la intensidad administrativa que está suponiendo el procedimiento para los servicios municipales. Según el Gobierno local, el volumen de solicitudes ha obligado a reforzar la atención y a centralizar parte de los trámites en la Casa de las Culturas, donde se han gestionado numerosas peticiones desde el inicio del proceso.
El Ejecutivo municipal, liderado por el PP, sostiene que la regularización está teniendo un impacto directo en los servicios sociales de la ciudad y reclama al Gobierno de España un plan extraordinario para hacer frente a sus consecuencias.
El Ayuntamiento reclama financiación al Gobierno central
La concejala de Políticas Sociales, Marian Orós, ha cifrado en más de 150.000 euros el coste asociado al personal municipal destinado a atender esta fase del procedimiento. El consistorio considera que ese gasto debe ser asumido por el Ejecutivo central, al tratarse de un proceso impulsado desde el Estado.
Desde el área municipal también señalan que alrededor de 1.200 personas de las que han recibido informe no constaban previamente en la base de datos de los servicios sociales. Para el Gobierno local, este dato anticipa una posible presión adicional sobre los recursos municipales en los próximos meses.
Las previsiones que maneja el Ayuntamiento apuntan a que el número total de personas que podrían regularizar su situación en Zaragoza podría situarse entre 12.000 y 15.000, si se suman los expedientes tramitados por el consistorio, las entidades sociales acreditadas y otras vías contempladas en el procedimiento.
Preocupación por personas bajo protección internacional
Uno de los puntos que más inquieta al Ayuntamiento es la situación de unas 300 personas que habrían iniciado el proceso mientras se encuentran en Zaragoza bajo programas de protección internacional. El Gobierno municipal teme que, si cambian de situación administrativa, puedan perder acceso a recursos estatales, especialmente los relacionados con alojamiento.
Por ello, el consistorio ha solicitado a la Delegación del Gobierno en Aragón que garantice que estas personas no queden desatendidas durante el cambio de procedimiento. La petición se enmarca en una demanda más amplia de coordinación entre administraciones para evitar vacíos de cobertura.
La gestión del procedimiento también ha abierto un nuevo frente político en Zaragoza. El PSOE ha acusado al Gobierno municipal de lanzar mensajes contradictorios y de alimentar un discurso de alarma sobre la regularización. Los socialistas defienden que la ciudad necesita recursos, planificación y responsabilidad institucional, pero no mensajes que puedan generar confrontación social.
El Gobierno local, por su parte, insiste en que el problema no es la atención a las personas migrantes, sino la falta de planificación y financiación por parte del Ejecutivo central. El debate seguirá abierto mientras avance el proceso, cuya primera fase está prevista hasta finales de junio.
