Desde controlar una entrega de droga por el aire, hasta buscar a un desaparecido en la montaña con una cámara térmica, pasando por la detección de sustancias químicas en el aire. El uso de drones para situaciones de seguridad se ha convertido en una herramienta cada vez más demandada por los cuerpos policiales.
Entre ellos, la Policía Nacional de Zaragoza, que este lunes recibió un curso específico sobre las ventajas de estos aparatos voladores, tan restringidos en su uso particular como eficaces en casos de emergencia. “Cuando hayun desaparecido en la montaña, no solo se le puede encontrar con el dron, también se le puede hacer llegar un teléfono móvil o un paquete de primeros auxilios”, señala Tomás Fenoll, policía e instructor de Alicante de RPA (Remotely Piloted Aircraft, conocidos popularmente como drones) desplazado hasta la capital aragonesa para impartir la parte teórica del curso, organizado por el sindicato SUP.
La práctica quedó en manos de José Ángel Merino, responsable de la empresa aragonesa Dron A Medida y presidente de la Asociación de Drones, Robótica e Ingeniería del Pirineo (ADRIP), que realizó una breve exhibición en el patio del cuartel de Mayandía del modelo que ha diseñado específicamente para los cuerpos y fuerzas de seguridad, el SAE4. “Lo importante en este tipo de actuaciones es que el aparato pueda ser desmontado y arreglado en el momento, que tenga autonomía suficiente y, sobre todo, lo que pueda embarcar”, señala.
Porque más allá de las clásicas cámaras de grabación de vídeo que tanta popularidad le han dado a los drones, pueden portar casi de todo. Desde los paquetes de asistencia sanitaria citados por el instructor Fenoll, hasta pequeñas granadas de humo, cámaras térmicas o detectores de gases. Y no solo en el ámbito policial. El último encargo exitoso de esta empresa aragonesa ha sido hacer volar un dron de 40 kilos de peso utilizado en Galicia para la fumigación de campos de cultivo.
Desde el sindicato SUP defienden la “importancia de contar con este tipo de tecnología en Aragón”, por lo que reclaman a la Jefatura que invierta en su equipamiento. De momento, la Policía Nacional tan solo cuenta con un equipo de especialistas en drones en Madrid, integrados en la unidad de Sistemas Especiales. El coste de un aparato a medida para las labores de emergencia rondaría los 18.000 euros.
De hecho, Merino ya ha colaborado en numerosas ocasiones con la Policía. Así ocurrió con la desaparición del joven Víctor da Silva en Zaragoza, o con el caso de la mujer descuartizada en Ricla. El último aviso que recibió fue para ayudar en las labores de búsqueda de José María García,desaparecido el mes pasado en el valle de Bujaruelo del Pirineo aragonés.
Una legislación sin desarrollar
El uso de drones a nivel particular está regulado por una restrictiva normativa que controla la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA). Entre otros muchos requisitos, para volar un dron hace falta un permiso especial de este organismo. En la actualidad ha concedido en torno a un millar de licencias en toda España, una veintena de ellas en Aragón.
Sin embargo, esta legislación llegó con la promesa, de momento incumplida, de un reglamento que la desarrollase en profundidad y alcanzase, por ejemplo, el uso lúdico y recreativo por particulares. Por eso, hasta la fecha “solo se pueden volar en zonas adecuadas, por ejemplo, zonas de vuelo de aeromodelismo o lugares despoblados”, mientras quequeda prohibido “sobre aglomeraciones de personas: parques, playas, conciertos, bodas, manifestaciones, procesiones, etc”, apunta la AESA.
