Algunos podrían tildarlo de provocación, pero los miembros de la Red Ciudadana Contra la Ordenanza Incívica tienen claro que con la concentración de ayer solo se puso de manifiesto la irracionalidad de la norma que está redactando el Ayuntamiento de Zaragoza para regular el comportamiento de los ciudadanos en la vía pública.

¿Es ilegal sentarse en el suelo con unos amigos y jugar a las cartas?, ¿y comer un pincho de tortilla sentado en un banco?, ¿y repartir octavillas?, ¿y hacer malabares o actuaciones de teatro espontáneo para divertir a los peatones que pasean un domingo por la calle Alfonso? Con la nueva ordenanza cívica, lo será. Por eso, la plataforma contra la ordenanza incívica se concentró ayer en la plaza del Pilar para hacer todo lo que quedará prohibido con la norma municipal.

El punto de encuentro fueron las puertas del ayuntamiento y allí, ante la atenta mirada de dos patrullas de la Policía Local y otras dos de la Nacional, alrededor de 300 personas participaron en la fiesta-protesta. Unos lo hicieron saltando a la comba, otros jugando a las cartas y a juegos de mesa en el suelo, otros repartiendo pinchos de tortilla a los ciudadanos y otros tocando música para entretener al auditorio. Si no fuese por el manifiesto que se leyó después, cualquier transeúnte hubiese pensado que se trataba de una fiesta de animación callejera como las que el ayuntamiento organiza de vez en cuando en las calles para promover la participación y animar la vida ciudadana.

Pero no. El manifiesto fue duro: "Una calle con gente y con actividades es la mayor garantía de una convivencia óptima y segura, pero el ayuntamiento no tiene esta visión y pretende provocar miedo y alarma". Su argumentación se basa en la elevada cantidad de las multas que se podrán imponer a quien se concentre en la vía pública, quien reparta octavillas o coloque pancartas en los balcones, a quien patine, coma, beba, haga malabares, teatro o cualquier manifestación de arte en la calle. Falta leve, hasta 750 euros ("El salario mínimo interprofesional es de 600 euros", apuntan los miembros de la plataforma en su manifiesto). Falta grave, hasta 1.500 euros.

Por eso, acusaron al ayuntamiento de convertir al ciudadano en sospechoso y en criminalizar la pobreza, puesto que se obliga a la gente a comer y beber en bares, a tocar música exclusivamente en locales habilitados para ello y a no concentrarse en la calle. "Persigue claramente la actividad social y política en esta ciudad, y elude la voluntad de solucionar las causas que generan los conflictos", manifestaron en el escrito que leyeron tras el acto de protesta.

A la concentración de protesta acudieron numerosos militantes de Izquierda Unida y Chunta Aragonesista, así como representantes políticos. Estos dos partidos son los únicos que se han manifestado públicamente en contra de la redacción de la ordenanza de civismo. Creen que es una vuelta atrás y una restricción de derechos a la que hay que plantar cara.

Fuente:

El Periódico de Aragón
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/noticia.asp?pkid=386254

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